La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y otros 64 gremios aliados reclamaron al Gobierno central que convierta en un plan competitivo y sostenible sus medidas sobre el sector arrocero, ante el impacto que puede generar la apertura del mercado tras la derogación de la protección arancelaria del arroz mediante el Decreto No. 635-26. Aunque expresaron respaldo a las disposiciones oficiales, colocaron el foco en la urgencia de respuestas concretas para proteger una actividad clave, especialmente en la región del Cibao.
Durante una rueda de prensa, las organizaciones advirtieron que un aumento de las importaciones sin apoyos suficientes para mejorar la competitividad local puede reducir los ingresos del productor, agravar su endeudamiento y empujar a pequeños y medianos agricultores a abandonar la actividad. El señalamiento amplía la alerta más allá del campo: según expusieron, los efectos también alcanzarían a trabajadores agrícolas, factorías, transportistas y proveedores, con impacto directo en comunidades cuya economía depende de este cultivo.
El presidente de la ACIS, Marcos Santana, quien fungió de vocero, dijo que valora la disposición oficial de escuchar y atender la situación, pero dejó planteada la exigencia central de los gremios: que lo anunciado se traduzca en acciones oportunas, con recursos definidos, mecanismos transparentes y participación de las organizaciones de productores. El reclamo instala una presión de rendición de cuentas sobre el Gobierno, en un tema donde el contraste entre anuncios y ejecución puede tener costo social inmediato.