Este domingo 7 de junio, Keiko Fujimori vuelve a disputar la jefatura del Estado peruano por cuarta vez consecutiva, en una escena que expone otra vez la permanencia de liderazgos sostenidos más por herencias políticas que por un cierre efectivo de las fracturas institucionales del país. Igual que ha sucedido en otros casos de América Latina, una serie de candidaturas fallidas no impide una nueva oportunidad, pero aquí el centro de la discusión sigue marcado por el apellido Fujimori.
Desde 2011, la heredera política de Alberto Fujimori ha llegado siempre a la segunda vuelta y ha caído por márgenes estrechos. Su vigencia se apoya sobre todo en el reconocimiento popular que todavía conserva la gestión encabezada por su padre entre 1990 y 2000, vinculada con la eliminación de la hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García, la recuperación del crédito internacional y la casi aniquilación del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.
Sin embargo, ese mismo legado opera también como su principal límite político. Mientras para una parte del electorado Alberto Fujimori sigue asociado a logros en seguridad ciudadana y estabilidad económica, para muchos otros continúa ligado a tendencias autoritarias y contrarias al Estado de derecho, que derivaron en múltiples condenas por graves violaciones a los derechos. La cuarta apuesta de Keiko, así, no solo pone a prueba su resistencia electoral: también reactiva la exigencia de vigilancia democrática frente a un pasado que Perú no ha terminado de resolver.