A 25 años de la Ley 87-01, el Seguro Familiar de Salud muestra avances en afiliación y cobertura; aun así, el balance mantiene una alerta de fondo: en República Dominicana el acceso formal no ha resuelto la garantía efectiva del derecho a la salud. El sistema pasó de tener al 89.5% de la población sin protección en 2000 a un 97% afiliado en la actualidad, equivalente a unos 10.6 millones de dominicanos, al tiempo que el gasto familiar de bolsillo descendió de 62% a 43%. También se ampliaron las coberturas para tratamientos catastróficos, medicamentos, hospitalización y cirugías mayores.
No obstante, el propio crecimiento del sistema ha venido acompañado de «deficiencias públicas» que, según el texto, han acelerado la privatización y mercantilización de la salud. Aunque el gasto nacional en salud supera los 460,000 millones de pesos, para un 6.3% del PIB, el aplazamiento indefinido de las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01 ha incrementado los copagos y afecta incluso a las familias más pobres y vulnerables. El resultado, sostiene el análisis, es un modelo cada vez más curativo, costoso y excluyente.
Las estadísticas de la Sisalril respaldan esa señal de desgaste institucional: la medicina privada concentra alrededor del 85% de la demanda de los afiliados contributivos y también predomina entre los subsidiados. Esa dependencia creciente del sector privado, lejos de cerrar brechas, consolida la lógica de mercado sobre un derecho fundamental y deja abierta la exigencia de fiscalización y de reformas pendientes para evitar que la cobertura siga avanzando más rápido que la protección real de los pacientes.