Aunque Banreservas rechazó inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral, la solicitud de embargo presentada por Latin Events, LLC no quedó cerrada y el conflicto judicial sigue abierto. De acuerdo con un comunicado de la JCE, el banco sustentó su negativa en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíben inmovilizar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva, algo que la institución afirma que todavía no ocurre.
La JCE también comunicó que depositó formalmente un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera promovida por Latin Events. Esa apelación, presentada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su respuesta, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para adquirir los presuntos servicios reclamados. La propia institución presentó ese punto como una cuestión de debida contratación pública, en un caso que deja bajo examen los controles internos y la forma en que un conflicto así termina por comprometer, aunque sea de manera tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.