La reciente propuesta del Gobierno de reducir en un 50% los recursos asignados a los partidos políticos ha generado un fuerte rechazo entre los líderes de la oposición, quienes argumentan que esta medida no solo es injusta, sino que también es ilegal. La discusión se ha centrado en la interpretación de leyes vigentes, como la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley de Presupuesto para el Sector Público, que establecen claramente que cualquier modificación en el financiamiento debe ser aprobada por el Congreso Nacional.
El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, ha calificado esta propuesta como «ilegal e inconstitucional», advirtiendo que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de reducir unilateralmente los fondos asignados. Mariotti enfatizó que el uso de la crisis económica como justificación para asfixiar financieramente a la oposición es una estrategia peligrosa, especialmente en un año electoral donde el partido oficialista ya cuenta con una ventaja significativa en recursos públicos.
Además, el exsenador hizo hincapié en que la Ley 423-06 prohíbe al Poder Ejecutivo modificar el total de gastos aprobados por el Congreso sin un proyecto de ley. Esta situación plantea serias implicaciones para la independencia de la Junta Central Electoral (JCE), que, según la Constitución, debe operar con autonomía en la distribución de fondos a los partidos, lo que resalta la necesidad de una vigilancia constante sobre las acciones del Gobierno y su impacto en la democracia.