La resolución judicial que excluyó del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta mediante un No Ha Lugar terminó convirtiéndose en un golpe político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había hecho de la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad dos ejes centrales de su propuesta electoral, respaldada en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. A la inversa, la decisión supone una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que venía denunciando una judicialización de la política en su contra.
El desenlace también refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que sostuvieron que existía una persecución política dirigida a dañar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de ser una bandera del discurso oficial y pasa a convertirse en un punto de cuestionamiento sobre la distancia entre la narrativa gubernamental y el resultado judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La polémica se intensificó con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre su efecto en la integridad institucional. A ello se agregó la información difundida por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un dato que vuelve a situar bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.