Las pequeñas empresas y los emprendimientos de menor escala que podrían contribuir a reducir la pobreza continúan en desventaja debido a un entorno atravesado por burocracia compleja, desigualdades impositivas y costos institucionales que erosionan su rentabilidad. El diagnóstico mismo deja ver la contradicción entre el respaldo discursivo a las Mipymes y la realidad de negocios con capital débil que, además de competir en condiciones adversas, deben asumir cargas como la incorporación de nóminas a la Seguridad Social.
En varios sectores, los afectados describen un mercado alterado. Los detallistas de gasolina se han quejado de márgenes de ganancias reducidos o congelados por grandes intermediarios; cadenas de farmacias desplazan a boticas barriales; y comerciantes de provisiones denuncian que compiten con operadores que evaden al fisco y violan el código de trabajo. Para liderazgos mayoristas y detallistas, esa situación supone una amenaza para la estabilidad macroeconómica.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, ha sostenido que el Estado debe intervenir con auditorías las anomalías del sector farmacéutico que asfixian a los establecimientos tradicionales y pequeños. En la misma dirección, la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) advirtió: “La competencia desleal es una práctica destructiva que opera al margen de la ley, genera distorsiones en el mercado nacional y provoca pérdidas millonarias al propio Estado por evasión fiscal”. La señal vuelve a poner bajo la lupa la capacidad oficial para fiscalizar, corregir distorsiones y evitar que una oportunidad de alivio social quede frenada por la falta de control efectivo.