Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se disputará en un ambiente de fuerte polarización, pero también con señales de alarma institucional: las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el lento escrutinio y una década de crisis política han vuelto a poner en primer plano la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que resume el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que sigue pesando sobre la decisión de los votantes.
La carrera vuelve a quedar definida por el eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue resuelto por sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también replica la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una simple disputa electoral, el proceso refleja a un país atrapado entre bloques enfrentados mientras persisten cuestionamientos sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para ofrecer certidumbre.
A este panorama se suma un electorado marcado por el desencanto y la indecisión, después de años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones derivaron en escrutinios prolongados. La combinación de logística compleja, un sistema burocrático de impugnaciones y la desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la atención puesta no solo en quién gane, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que deja abierta la primera vuelta.