El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como un combatiente de la corrupción y un protector de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos añadidos aplicados cuando hay protestas en las cárceles. Ese perfil le ha otorgado prestigio y lo ha convertido en referente para muchos países.
No obstante, sus intervenciones públicas suelen poner el acento en su triunfo contra el pandillerismo, mientras pasa a un segundo plano el avance de las acciones dirigidas a lograr sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A la vez, han empezado a circular reportajes que señalan que Bukele estaría favoreciendo a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos reactivan la exigencia de vigilar el uso de los recursos públicos y ponen a prueba la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.