La sentencia de 10 años de cárcel impuesta al excongresista republicano David Rivera por actuar como agente no declarado de intereses vinculados al gobierno de Nicolás Maduro volvió a poner sobre la mesa cómo ciertas conexiones políticas pueden moverse en la sombra mientras el discurso público sigue por otro carril. Un jurado federal en Miami lo halló culpable de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos asociados a un contrato de 50 millones de dólares relacionado con PDVSA.
De acuerdo con la fiscalía, Rivera fue contratado durante el primer mandato de Donald Trump para aprovechar sus contactos republicanos e intentar que Washington moderara su política hacia Caracas. La acusación añadió que convenció a Delcy Rodríguez para adjudicarle ese contrato de lobby. La jueza federal Melissa Damian dictó la condena después de una audiencia de más de cuatro horas, mientras The Washington Post informó que el exlegislador busca apelar y ha pedido un indulto presidencial.
El vínculo de Rivera con Marco Rubio terminó ocupando un lugar central en el proceso. El actual secretario de Estado dijo que ambos fueron “amigo cercano” y que compartieron apartamento cuando eran legisladores en Florida. También confirmó que se reunió con Rivera dos veces en 2017 para hablar sobre el futuro político de Venezuela, aunque sostuvo que entonces no sabía nada del contrato con funcionarios venezolanos y que, de haberlo sabido, habría actuado de otra manera.
Aunque Rubio no ha sido implicado en ningún acto ilícito, el caso deja una señal de alerta institucional sobre la distancia entre las posiciones públicas y las gestiones que pueden moverse alrededor del poder sin control suficiente, una advertencia que refuerza la exigencia de vigilancia desde los congresos y los gobiernos frente a operadores políticos que actúan fuera de la transparencia.