La 17 Compañía de la Policía Nacional, en San Cristóbal, quedó en el centro de dos alertas institucionales después de la muerte de Miguel Antonio Lucas, “Miguelito”, mientras estaba bajo custodia, y de la detección de un brote de mpox entre personas detenidas en ese mismo destacamento. Aunque se trata de episodios distintos, ambos han aumentado la atención pública sobre el control y la respuesta oficial.
En el caso de Miguelito, sus parientes sostienen que sufrió maltratos físicos durante la detención y atribuyen a esas agresiones su fallecimiento, por lo que anunciaron una marcha con el féretro hasta la dependencia policial para exigir justicia. Ante esa denuncia, la Fiscalía de San Cristóbal afirmó que las investigaciones continúan y precisó que el informe preliminar de autopsia, elaborado por el Instituto Nacional de Patología Forense, concluye que el hombre, de 44 años, murió por leptospirosis que le provocó trombocitopenia. El Ministerio Público añadió que fue arrestado el 8 de julio, tras ser sorprendido presuntamente realizando rifas clandestinas con un verifone, y que murió al día siguiente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, una secuencia que mantiene abierto el contraste entre la versión oficial y las dudas de la familia.
Mientras esa controversia seguía sin resolverse, el Ministerio de Salud Pública informó la activación de un protocolo de vigilancia por un brote de mpox entre detenidos en el destacamento. La coincidencia de ambos hechos en una misma dotación ha reforzado el foco sobre la capacidad de supervisión estatal y la necesidad de rendición de cuentas en un recinto que pasó de dependencia policial a símbolo de preocupación ciudadana.