Las recientes clausuras de estaciones de combustibles en Monte Cristi, por vender gasolina que no cumplía con la calidad mínima exigida, volvieron a poner en foco la capacidad de supervisión sobre un mercado sensible para los consumidores. En ese marco, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) se desmarcó de cualquier práctica ilícita y aseguró que no respalda acciones que desmejoren los combustibles ni su mezcla para favorecer a sectores o personas.
La posición del gremio surgió después de que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) suspendiera operaciones en expendios donde confirmó irregularidades en la calidad del producto. Aunque el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, no aclaró si los dueños involucrados formaban o no parte de la organización, sí afirmó que no defendería a quienes, “buscando ventaja hacen liga”, al admitir que dentro del negocio puede haber afiliados que abusen de su posición.
Frente a ese panorama, Elías Pérez propuso que el Estado dominicano exima combustibles por medio de compañías específicas, desde las cuales los distribuidores deban abastecerse, con la finalidad de fortalecer el control y disminuir posibles manipulaciones. El episodio deja abierta una advertencia institucional: mientras las autoridades insisten en firmeza y transparencia, el hallazgo de estaciones operando con combustible fuera de estándar vuelve a colocar en primer plano la necesidad de una fiscalización efectiva y de mayores garantías para la ciudadanía.