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Santiago condena a Mello Cotorra y reaviva la alarma por redes de trata que captan con falsas ofertas

julio 14, 2026 · Redactor
Santiago condena a Mello Cotorra y reaviva la alarma por redes de trata que captan con falsas ofertas
Foto: listindiario.com

La pena de 15 años impuesta al acusado por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes vuelve a mostrar el costo social de un delito que operó con engaños y trasladó al país a dos mujeres colombianas.

La sentencia a 15 años de prisión dictada en Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez, conocido como Mello Cotorra, por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes no pone fin al problema. Más bien vuelve a encender la alerta sobre la forma en que estas redes consiguen operar hasta concretar el abuso, con víctimas captadas mediante engaño y traídas al país bajo falsas ofertas de trabajo.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, después de que el Ministerio Público estableciera que ingresó al país a dos ciudadanas de Colombia y, ya en territorio dominicano, las obligó a ofertarse sexualmente, además de golpearlas e intimidarlas para cobrarles una supuesta deuda económica.

De acuerdo con el expediente, los hechos empezaron en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas llamó por teléfono a Rodríguez, quien le ofreció empleo como camarera para mejorar sus condiciones económicas. En otro momento, hizo la misma propuesta a una segunda víctima. Según la acusación, el procesado realizó desde Medellín, Colombia, las diligencias para traerlas al país y entró junto a ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y litigada en juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y llevarlo a condena. Aun así, el caso deja una pregunta institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo ejecutarse, la respuesta penal llegó después de un daño ya consumado para las víctimas.

La sentencia constituye una sanción concreta, pero también remarca una exigencia mayor de vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema ocurre después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo han pagado las víctimas.