El presidente Luis Abinader ha ordenado la suspensión inmediata del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, una medida que llega tras un fuerte rechazo de la población. Sin embargo, esta acción plantea serias dudas sobre la efectividad de su administración en la atención a las preocupaciones ciudadanas y la gestión de conflictos socioambientales.
Aunque Abinader argumenta que su decisión se basa en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que prohíbe el avance de proyectos de alto impacto ante una oposición social significativa, es crucial cuestionar por qué esta medida no se tomó antes, dado que el proyecto tiene antecedentes de concesiones desde 2005. La falta de acción oportuna refleja una desconexión entre el discurso oficial y la realidad de las comunidades afectadas, que han manifestado su rechazo desde hace tiempo.
La situación resalta la necesidad de una vigilancia constante sobre las decisiones gubernamentales y la rendición de cuentas en la gestión ambiental. La respuesta del Frente Amplio, que aplaude la suspensión, también subraya la importancia de que la voz de la ciudadanía sea verdaderamente considerada en la toma de decisiones, en lugar de ser una reacción a la presión social. La pregunta que queda es: ¿cuántas oportunidades más se han perdido en el camino hacia una verdadera protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades?