El caso de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, «Miguelito», quedó marcado por una contradicción que la familia exige aclarar: el recorrido entre Caña Bonita, Hatillo, San Cristóbal, y el destacamento policial de La 17 toma unos diez minutos, pero entre su arresto, ocurrido alrededor de las 5:07 de la tarde del miércoles 8 de julio de 2026, y su ingreso al cuartel, registrado cerca de las 8:00 de la noche, transcurrieron casi tres horas sin explicación. Para sus parientes, ese vacío no es un detalle menor, sino un punto central de una investigación que sigue sin responder qué ocurrió en ese lapso.
La exigencia de rendición de cuentas se amplía con lo ocurrido durante los seis días en que, según la familia, Miguelito permaneció bajo custodia policial. Su padre, Miguel Ángel Lucas Maldonado, relata que durante el fin de semana intentó conseguir su liberación mientras recibía mensajes de personas que, afirma, le hablaban de supuestas gestiones económicas para sacarlo del destacamento. También asegura que un hombre que compartió celda con el joven se presentó al funeral para decirle que había sido golpeado mientras estaba detenido, aunque se retiró por temor a represalias.
En medio del dolor, la familia insiste en que Miguelito estaba sano antes de ser detenido y reclama que se establezca la verdad sobre su muerte. El caso, más allá del drama personal, deja una alerta institucional sobre los controles en la custodia policial y sobre la distancia entre la obligación de proteger a un detenido y las dudas que hoy rodean el procedimiento. Con un trayecto de diez minutos convertido en horas sin respuesta, el reclamo de una investigación independiente se vuelve también una prueba de fiscalización sobre la capacidad de las autoridades para ofrecer resultados verificables.