Desde el 17 de enero, la profesora Milka Mercedes Ramírez no ha vuelto a las aulas luego de un procedimiento odontológico que terminó convirtiéndose en un problema mayor. Más de seis meses después, su esposo, Norberto Luna, sostiene que las secuelas le impiden hablar con normalidad y la obligan a alimentarse sobre todo de líquidos y comidas licuadas.
La discusión que rodea el caso ya no se limita a una extracción dental: también pone sobre la mesa la duda de si hubo mala práctica o intrusismo. Más que una diferencia técnica o judicial, el episodio se lee como una señal de alerta sobre la capacidad de vigilancia en servicios que impactan de manera directa la salud, el empleo y la vida familiar. La afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; además quedó apartada de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, cargan con el cambio brusco en el hogar.
Luna relató a Listín Diario que acudieron confiados al consultorio del odontólogo William Almánzar por tratarse de un centro de renombre. Allí, dijo, un hombre revisó la panorámica, aseguró que era posible extraer las cuatro cordales y les transmitió la seguridad necesaria para fijar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, expresó.
La intervención, pautada para el sábado 17 de enero, estuvo lejos de parecer un procedimiento rutinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; en ese lapso, el equipo de succión dejó de funcionar y quien realizaba la extracción tuvo dificultades para sacar una de las piezas dentales. Ese testimonio, aún bajo el peso de una investigación, refuerza el contraste entre la confianza depositada en el paciente y el desenlace que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial determina si hubo negligencia o ejercicio sin autorización legal o capacitación requerida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un escenario en el que la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.