La Operación XL 526 dejó al descubierto una presunta estructura de ciberextorsión que, según el Ministerio Público, funcionaba desde el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago, con un esquema que alcanzó a más de 400 ciudadanos estadounidenses. La revisión judicial de las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción quedó pautada para el próximo lunes, en un expediente que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de vigilancia y respuesta efectiva ante redes criminales con capacidad de operar desde territorio dominicano.
Según la investigación, los miembros de la red publicaban anuncios en portales de citas y encuentros íntimos con supuestos servicios sexuales ofrecidos por mujeres ficticias. Para ocultar a los operadores en República Dominicana, usaban números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, lo que permitía redirigir llamadas y mensajes de WhatsApp hacia los centros de operaciones en Santiago.
Cuando una víctima respondía al anuncio, los llamados tiradores obtenían datos básicos, fotografías y, en algunos casos, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo. Después, con el número telefónico real del usuario, otros integrantes de la estructura hacían búsquedas en plataformas de registros públicos de Estados Unidos para identificar familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales y edades. Con esa información, volvían a contactar a las víctimas bajo un guion agresivo, haciéndose pasar por el “encargado o administrador de la chica”, en una mecánica que evidencia el nivel de organización y el costo institucional de permitir que este tipo de operaciones se consoliden antes de llegar a los tribunales.