La lectura del discurso de ingreso de José Adalberto Arias a la Academia de Ciencias de la República Dominicana terminó colocando bajo escrutinio una situación que sigue sin cerrarse desde 1996: la designación de las Dunas de Baní como área protegida y sus consecuencias. En ese acto académico, celebrado el martes 9 de junio de 2026, se presentó una pieza de política pública vinculada a la lucha medioambiental y al fortalecimiento de la infraestructura turística dominicana como marca-país.
Según el texto, por disposición de las altas esferas gubernamentales se ha encaminado que sea la Procuraduría Especial de Medio Ambiente la que finiquite el caso. Arias planteó como aporte a la política pública de protección ecológica el cálculo de la compensación mediante la construcción de viviendas funcionales para quienes fueron “realmente” desalojados por la disposición ejecutiva. El trabajo, elaborado con instrumentos de Inteligencia Artificial y confirmado con dos firmas constructoras del mercado dominicano de viviendas sociales, deja ahora una base técnica sobre la mesa y desplaza la atención hacia los responsables de ejecutar la decisión.
El propio artículo admite que “el pandero está ahora en los responsabilizados”, una formulación que subraya que la discusión ya no gira en torno a ideas, sino a rendición de cuentas. La mención final a la expectativa de que el presidente Abinader esté atento a esta contribución de la Academia de Ciencias refuerza el contraste entre el discurso de protección ambiental y la necesidad de una respuesta institucional concreta sobre un expediente arrastrado por décadas.