La audiencia para conocer la medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 fue aplazada por tercera vez, esta vez en medio de cuestionamientos por la ausencia de los querellantes y por las limitaciones de horario en el tribunal. La jueza Yiberty Polanco reprogramó la continuación para el miércoles 17 de junio en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
El Ministerio Público pide 12 meses de prisión preventiva contra 10 acusados, a quienes atribuye integrar una presunta red de extorsión dirigida a residentes en Estados Unidos. Sin embargo, durante la audiencia la defensa de varios imputados insistió en que ninguno de los querellantes ha comparecido personalmente al proceso. “No hemos visto al primer estadounidense que diga que es víctima de este caso”, sostuvo la defensa.
El abogado Miguel Díaz señaló que, hasta ahora, no se ha presentado en audiencia ninguna persona que se identifique de forma directa como víctima del presunto esquema. Según explicó la defensa, aunque el Ministerio Público sostiene que las víctimas residen en Estados Unidos, esa condición ha dificultado su presencia directa, por lo que han sido representadas mediante poderes notariales. El nuevo aplazamiento deja abierto un flanco de fiscalización sobre el manejo del caso y vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema para sostener procesos de alto perfil sin retrasos ni vacíos en su desarrollo inicial.