El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, al entender que existen elementos suficientes para vincularlo con el esquema de corrupción administrativa desmantelado con la llamada Operación Calamar. La magistrada Sofía Bruno De Los Santos ordenó que el exlegislador por Azua responda en un juicio de fondo por los cargos presentados por el Ministerio Público a través de la PEPCA.
La decisión recae sobre un proceso separado del expediente principal, después de que el tribunal lo dividiera por razones de salud. En la audiencia preliminar, tanto el Ministerio Público como los abogados del Estado pidieron el envío a juicio, al afirmar que cuentan con un compendio probatorio que sustenta los hechos atribuidos al imputado. La defensa, encabezada por Wilson Beriguete, solicitó un auto de no ha lugar al sostener que Calderón no cometió los hechos que se le imputan.
El caso forma parte de un expediente que ha alcanzado a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. La apertura a juicio contra un exsenador vuelve a poner la atención sobre la vigilancia institucional y la exigencia de resultados concretos en procesos de corrupción de alto perfil, en un escenario en que el manejo de estos expedientes sigue siendo una referencia obligada para medir la respuesta del sistema ante reclamos de transparencia.