La reforma a la Policía Nacional impulsada por el Ejecutivo continúa sin despejar el camino legislativo y cerró la legislatura con trabas en el Senado, donde acumula retrasos, nuevas prórrogas y observaciones legales, mientras sigue pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
La pieza fue depositada el 08 de diciembre de 2025, pero desde entonces no ha logrado avanzar con la fluidez esperada para una iniciativa de este alcance institucional. El nuevo tropiezo legislativo vuelve a colocar bajo revisión la capacidad del Gobierno para sostener una reforma de seguridad pública con respaldo normativo y seguimiento efectivo.
Aunque la propuesta forma parte de la agenda del Ejecutivo, el proceso en el Congreso evidencia que no basta con anunciar cambios: también se requiere claridad sobre su tramitación, cumplimiento de plazos, manejo de observaciones y consistencia del diseño legal antes de comprometer resultados en una institución clave para la ciudadanía.
Hasta el momento, la iniciativa permanece en una fase de trámite trabado, con el Senado cerrando la legislatura sin resolver los puntos pendientes y con la Cámara de Diputados aún a la espera de conocimiento. El escenario deja abierta la pregunta sobre el costo del retraso y el impacto real de mantener en pausa una reforma presentada como prioritaria.