La Ley 30-26 concentró en el Ministerio de Hacienda la capacidad de objetar solicitudes de exoneraciones a empresas, un cambio que reordena el control sobre uno de los mecanismos de incentivo fiscal más costosos para el Estado dominicano.
Según el contenido publicado, la reforma elimina la obligación de no objeción y abre la vía para que Hacienda recomiende al Poder Ejecutivo detener solicitudes de incentivos. En términos prácticos, la medida coloca más poder de filtro en una sola dependencia y refuerza la vigilancia sobre beneficios que, de acuerdo con la pieza original, le cuestan al fisco cientos de miles de millones de pesos al año.
El giro normativo puede ser leído como un intento de endurecer el control sobre exenciones y privilegios tributarios, pero también exige seguimiento público: no basta con concentrar facultades si no se explica cómo se decidirán las objeciones, con qué criterios, y qué impacto tendrá esa revisión sobre la recaudación, el gasto público y la distribución de cargas entre empresas y ciudadanos.
La discusión se inserta en un contexto de presión fiscal y de debate sobre el uso de recursos públicos. En ese marco, cualquier ajuste a los incentivos tributarios debe medirse por su efecto real en las finanzas del Estado y por su transparencia, no solo por el alcance administrativo de la reforma.
Por ahora, el cambio legal abre un nuevo frente de vigilancia sobre la política de exoneraciones y sobre la forma en que el Gobierno administra beneficios que comprometen ingresos fiscales de gran magnitud. El reto será comprobar si la nueva atribución en Hacienda se traduce en un control más riguroso, verificable y con resultados para las cuentas públicas.