Dos feminicidios ocurridos en entornos próximos a fiscalías y hospitales han vuelto a colocar en el centro del debate la eficacia de la protección estatal frente a la violencia de género y la necesidad de revisar, con resultados verificables, los protocolos de resguardo para las víctimas.
Los casos de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han reactivado la exigencia de medir no solo la existencia de mecanismos de atención, sino también su alcance real, su seguimiento y su capacidad de prevenir agresiones que terminan en tragedia.
La coincidencia de estos hechos con espacios asociados a la respuesta institucional agrava las dudas sobre si las rutas de protección están funcionando con la rapidez, coordinación y supervisión que requieren situaciones de alto riesgo. Más que anuncios o promesas, el episodio obliga a poner la lupa sobre resultados, transparencia y rendición de cuentas.
En ese contexto, la discusión pública ya no se limita a la reacción posterior a los crímenes, sino a la efectividad de los sistemas que debieron anticipar el peligro y ofrecer una contención suficiente. La pregunta que dejan estos casos es si las alertas, denuncias y medidas disponibles están llegando a tiempo y con el peso necesario para salvar vidas.
El debate también vuelve a interpelar a las autoridades sobre el costo institucional de mantener protocolos que, en la práctica, no están evitando que mujeres en situación de vulnerabilidad queden expuestas a agresiones fatales. La evaluación de esos mecanismos, de sus resultados y de su supervisión debe hacerse a partir de hechos medibles y no de discursos de cumplimiento.
Mientras persisten las alarmas por la violencia feminicida, la exigencia ciudadana apunta a una respuesta estatal más efectiva, con seguimiento real a los casos, coordinación entre instituciones y una revisión seria de los procedimientos que, hasta ahora, no han logrado impedir nuevas muertes.