La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que el aumento del impuesto a las transferencias, de 0.15% a 0.20% en la Ley 30-26, puede terminar limitando la bancarización y encareciendo las operaciones de personas y empresas.
El señalamiento coloca la medida en el centro de una discusión de interés público: el costo que asume el ciudadano cuando se incrementa un tributo sobre transacciones financieras, justo en un momento en que el sistema bancario impulsa la digitalización y la inclusión financiera.
De acuerdo con la advertencia de la ABA, el alza no solo afecta a quienes usan transferencias de manera frecuente, sino que también puede reducir el incentivo para operar dentro del sistema formal. Eso supondría un retroceso para la meta de ampliar la bancarización, un objetivo que depende de que los servicios financieros sean accesibles y no más costosos.
El debate también abre una pregunta fiscal de fondo: si el Estado decide elevar una carga tributaria sobre operaciones de uso cotidiano, debe ponderar con claridad el impacto en la vida diaria de los contribuyentes y en la dinámica de las empresas, especialmente las de menor margen.
La advertencia de la ABA sitúa la discusión en el terreno de la fiscalización pública de las decisiones tributarias: qué efecto tendrán sobre el bolsillo, sobre la formalización y sobre la promesa de modernizar los pagos. Sin datos de compensación ni de alivio en el gasto público, el aumento aparece como un costo adicional que recae sobre usuarios y negocios.