La baja del petróleo por debajo de 73 dólares el barril, tras el entendimiento alcanzado en Lucerna, Suiza, entre Estados Unidos e Irán, abrió el miércoles 24 de junio un margen inmediato para las finanzas públicas. Con los precios de los combustibles y la tasa de cambio vigentes, ese nivel haría innecesario el subsidio. Solo una semana antes, con el barril en 80 dólares, ese apoyo había rondado los 400 millones de pesos.
Pero la explicación de esa caída está lejos de ofrecer certezas. El acuerdo fue presentado como una hoja de ruta de 60 días para cerrar un pacto de paz definitivo, aunque el propio texto lo describe como un entendimiento frágil, condicionado por la actuación de Israel en Líbano y Gaza, por el destino del uranio enriquecido y por las declaraciones de Donald Trump. Así, el alivio fiscal se perfila más como una oportunidad que requiere cautela y vigilancia que como una garantía estable.
La combinación de Plan Anticrisis y petróleo a la baja podría relajar las cuentas públicas, mantener el déficit fiscal dentro de las proyecciones originales y abrir espacio para más inversión pública. A la vez, queda planteado el contraste central: mientras se habla de una mejora en la calidad del gasto y de un mayor efecto multiplicador del dinero público, el propio texto recuerda que todo plan anticrisis en materia fiscal tiende a generar un aumento momentáneo de la inflación. Con la inflación en 5.35 % a mayo y la posibilidad de un leve incremento en junio, la duda de fondo no es solo si el Estado ahorra, sino cuándo ese alivio se traduce en un beneficio verificable para la población.