La presentación oficial de una nueva ley minera para sustituir la núm. 146-71, promulgada hace medio siglo, no solo reaviva una discusión imprescindible por los cambios tecnológicos, ambientales, fiscales, institucionales y sociales que ha atravesado la minería. También pone en evidencia la distancia entre el discurso de relanzamiento y el recorrido que el propio Estado dominicano ya había hecho sin completar el proceso.
El texto precisa que, entre 2017 y 2019, el Ministerio de Energía y Minas, bajo la conducción de Antonio Isa Conde, impulsó una revisión amplia de la legislación minera. Ese trabajo incluyó el estudio comparado de normas de catorce países, el análisis de contratos especiales vigentes en el país y la incorporación de lecciones obtenidas de experiencias internacionales. De ese proceso salieron cinco versiones sucesivas de un anteproyecto enriquecido con consultas a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas nacionales e internacionales, organismos multilaterales y representantes del sector minero.
La alerta institucional aparece cuando la discusión se plantea como si ese camino no hubiera existido. En un sector en el que el subsuelo mantiene naturaleza pública y obliga al Estado a negociar, regular y fiscalizar en defensa del propietario originario del recurso, el desafío no se limita a anunciar una nueva ley: también exige explicar qué ocurrió con el trabajo previo, cómo se protegerá el interés ciudadano y de qué forma se evitará que una reforma de alto impacto social y económico vuelva a quedar atrapada entre inercias administrativas y falta de continuidad.