En República Dominicana, el discurso sobre inclusión se enfrenta a una realidad que todavía deja fuera a niños neurodivergentes. El panorama descrito en el texto apunta a un sistema con capacidad insuficiente: faltan escuelas, faltan terapeutas y falta respuesta estatal para condiciones como el trastorno del espectro autista, el TDAH y la dislexia, que exigen entornos educativos adaptados e intervención temprana.
La presión sobre la red pública lo confirma. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago, único de la región Norte y receptor de casos de las catorce provincias del Cibao, tenía a inicios de 2025 más de 1,200 familias en lista de espera solo en esa sede. En todo el país, la red CAID acumulaba más de 3,200 familias esperando, con demoras que, según activistas de la inclusión, pueden llegar hasta cuatro años. En Santo Domingo Este la espera ronda las 580 familias y en San Juan de la Maguana cerca de 300.
La consecuencia es un costo social directo: la ventana de intervención más decisiva para niños de tres, cuatro o cinco años se va cerrando mientras las familias aguardan un cupo o terminan empujadas hacia centros privados con tarifas de 15,000. El caso revela una alerta institucional y refuerza la necesidad de fiscalización sobre la gestión y los resultados reales de las políticas de inclusión, más allá del discurso oficial.