La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió este martes que recientes casos de personas privadas de libertad muestran vulneraciones a garantías constitucionales y dejan bajo fiscalización el funcionamiento del sistema de justicia penal dominicano. La organización sostuvo que no se trata de episodios aislados, sino de deficiencias acumuladas que obligan a revisar con urgencia la actuación de las autoridades competentes.
Entre los casos señalados, FINJUS destacó el de un hombre que permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva sin sentencia definitiva. Según explicó, estuvo privado de libertad desde 2006 hasta que en 2026 recuperó su libertad tras la intervención de la Defensa Pública. También recordó la situación de 13 personas detenidas durante más de un mes sin ser presentadas ante un juez, caso que terminó con su liberación mediante una acción de hábeas corpus.
Para la entidad, estos expedientes reflejan lentitud procesal y falta de seguimiento oportuno, con el riesgo de que la prisión preventiva opere como pena anticipada. Aunque reconoció que la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito, insistió en que el poder punitivo del Estado debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución, la ley, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso, y reclamó que toda privación de libertad que exceda lo previsto en la legislación sea corregida con urgencia.