La República Dominicana exhibe una narrativa de crecimiento, estabilidad macroeconómica y expansión que hoy queda tensionada por fallas elementales del Estado. Pese al avance de su marco institucional y a contar con una Constitución considerada de las más modernas de la región, la práctica de sus organismos deja un contraste profundo entre lo que establece la norma y lo que ocurre en la realidad.
La Oficina Nacional de Defensa Pública, encabezada por Rodolfo Valentín, encontró en el destacamento policial del ensanche Felicidad, en Santo Domingo Este, a once personas con más de un mes privadas de libertad sin solicitud de medida de coerción y sin registro procesal en el Ministerio Público. En el destacamento de Vietnam, en Los Mina, aparecieron otros dos detenidos en circunstancias parecidas. Si se confirman, esos hechos entrarían en conflicto con el artículo 40 de la Constitución, que prohíbe privar de libertad sin orden motivada de juez competente, salvo flagrante delito, y exige presentar al detenido ante la autoridad judicial dentro de las cuarenta y ocho horas.
El episodio vuelve a poner bajo escrutinio a la Policía Nacional y al Ministerio Público, dos instituciones citadas en el texto por vulnerar la Constitución sin consecuencias, mientras la carga recae sobre los sectores más vulnerables. A esa advertencia institucional se añade el plano económico: en 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) informó a las autoridades dominicanas sobre debilidades en los protocolos fitosanitarios. El cuadro deja una misma señal de deterioro en la gestión: cuando el Estado falla en derechos y controles, no solo se resiente la legalidad, también se compromete la competitividad del país.