El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión interpuesto por Justicia Social, el Partido de Unidad Nacional y Opción Democrática contra la sentencia TSE/0010/2025, con lo que dejó definitiva la decisión que favorece a País Posible en la disputa sobre su posición para las elecciones ordinarias generales de 2028. La alta corte, mediante la Sentencia TC/0746/26, mantuvo sin cambios la contribución económica del Estado que corresponde a esa organización y la casilla que le fue asignada en la boleta electoral, donde figura como séptima fuerza política del país.
Aunque el fallo consolida la victoria jurídica de País Posible, el caso vuelve a exponer que aspectos sensibles del sistema de partidos y de la competencia electoral siguen resolviéndose en la última instancia judicial. El propio Tribunal Constitucional descartó el argumento de los recurrentes sobre una supuesta extralimitación del Tribunal Superior Electoral al interpretar el artículo 61 de la Ley 33-18, y sostuvo que la sentencia impugnada daba una solución al caso concreto al resguardar la seguridad jurídica y la Constitución.
La decisión también confirma el peso que adquieren las batallas legales en la definición del tablero político, un contraste con el discurso de fortaleza institucional que suele rodear al sistema electoral. País Posible llevó el proceso hasta su última etapa y lo defendió durante casi año y medio, mientras la resolución final deja abierta una señal de alerta para la fiscalización de las reglas de competencia y para la vigilancia de la sociedad civil sobre decisiones que impactan recursos públicos y representación política.