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TC inadmite recurso de los herederos de Trujillo por fondos en Banreservas y cierra otro tramo de un litigio de casi una década

agosto 13, 2026 · Redactor
TC inadmite recurso de los herederos de Trujillo por fondos en Banreservas y cierra otro tramo de un litigio de casi una década
Foto: listindiario.com

La decisión pone fin a una nueva etapa del proceso y vuelve a enfrentar la duración del expediente con la exigencia ciudadana de instituciones más eficaces y rendición de cuentas verificable.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional interpuesto por Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, hijos de Rafael Trujillo Molina, quienes reclamaban la devolución de sumas depositadas en el Banco de Reservas durante la dictadura trujillista a nombre de su madre, Lina Altagracia Lovatón Pittaluga. La decisión está contenida en la Sentencia TC/0737/26, correspondiente al expediente TC-04-2025-1112.

El TC decidió no conocer el recurso contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de abril de 2025, al entender que no cumplía con el requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional establecido en la Ley Orgánica núm. 137-11. Con anterioridad, la demanda ya había sido declarada inadmisible por prescripción mediante la Sentencia Civil núm. 037-2016-SSEN-0053, emitida el 29 de abril de 2016 por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El expediente se prolongó durante casi una década entre apelaciones, un recurso de casación acogido y un reenvío del caso, hasta que en 2022 la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la demanda original al concluir que el dinero reclamado había sido retirado antes. El desenlace vuelve a situar bajo examen la capacidad del sistema para frenar procesos extensos en asuntos de alto simbolismo público, una presión institucional que refuerza el reclamo de mayor fiscalización y resultados verificables frente a una ciudadanía que demanda respuestas más eficaces del Estado y la justicia a sus prioridades reales.