La extradición de David Armando Brito Brito, alias “El Jamaquen”, a Estados Unidos reabre el debate sobre los resultados reales de la estrategia oficial frente al crimen organizado. El dominicano fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y trasladado a Puerto Rico para responder por cargos federales que incluyen organización criminal, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y conspiración para cometer lavado de activos.
La operación fue ejecutada por la Procuraduría General de la República y unidades especiales de la DNCD, con apoyo del U.S. Marshals, la DEA y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aunque el Gobierno dominicano presenta estos procesos dentro de la cooperación bilateral, el caso también deja una señal institucional: una estructura delictiva con acusaciones de ese nivel operó hasta requerir captura en mayo, durante la Operación PT7, y posterior extradición mediante el decreto 346-26.
Durante esa operación se realizaron más de 30 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia, según la Dirección de Comunicaciones. El expediente, más que cerrar una historia, abre exigencias de fiscalización sobre el alcance de estas redes, los controles que fallaron y las explicaciones pendientes de las autoridades en medio del desgaste de gestión que golpea al oficialismo de Luis Abinader, mientras el país sigue esperando resultados sostenidos en seguridad e institucionalidad.