En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), voceros de los sectores religioso, sindical, de salud y de la sociedad civil advirtieron este miércoles que la Resolución DGM-001-2026, al endurecer los requisitos para renovar permisos temporales de trabajo de personas extranjeras no residentes, añade presión sobre el empleo formal y los servicios públicos, por lo que pidieron mayor vigilancia sobre la respuesta del Estado.
La advertencia se produjo durante el foro “Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho”, donde los participantes coincidieron en que la política migratoria no debe evaluarse solo por su componente de control, sino también por su capacidad para articular seguridad, cumplimiento de la ley, derechos humanos, institucionalidad democrática y desarrollo económico. El intercambio se centró además en la regularización laboral en actividades atravesadas por altos niveles de informalidad, como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, ámbitos en los que las nuevas disposiciones podrían agravar obstáculos ya existentes.
Pablo Mella sostuvo que la aplicación de estas medidas tiene que respetar la dignidad humana, el debido proceso y la protección de las familias, mientras Eulogia Familia expuso las barreras que enfrentan los trabajadores migrantes para acceder a empleos formales y ejercer sus derechos, al insistir en que la formalización requiere la participación del Estado y de los empleadores. Desde el área de salud, Francisca Peguero alertó sobre posibles efectos en el acceso oportuno a servicios sanitarios y en la salud pública, sobre todo para las poblaciones vulnerables, en una señal de alerta institucional sobre el costo social de decisiones que ahora quedan bajo escrutinio ciudadano.