Las declaraciones del activista haitiano Roudy Joseph, portavoz del Colectivo HaitianosRD, vuelven a poner bajo la lupa la política de deportaciones del Gobierno de Luis Abinader. Joseph sostiene que el esquema aplicado en República Dominicana es “mucho más ambicioso” que el de Estados Unidos y presenta el caso dominicano como una señal de alerta sobre el alcance del control estatal cuando se convierte en un mecanismo de exclusión.
Actualmente acogido al programa de protección a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional España, Joseph ha coordinado el informe Deportaciones masivas y Estado de excepción en República Dominicana (2021–2025). El documento denuncia más de un millón de deportaciones en cinco años y describe un patrón de perfilamiento racial que, según expone, ha derivado en una “caza de seres humanos”, con especial impacto sobre la población haitiana y las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La entrevista, realizada por el equipo de América Futura en Madrid, reabre el debate sobre los costos institucionales y humanos de la política migratoria oficial. Más allá del discurso de control, las denuncias expuestas colocan presión sobre el Gobierno para responder por una estrategia que, de acuerdo con Joseph, profundiza la discriminación estructural, la exclusión institucional y la vulneración de derechos civiles y políticos.