El caso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara entró en una nueva fase con el depósito de la acusación formal ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por hechos que el Ministerio Público vincula con la presunta solicitud y recepción de un soborno de US$10,000 mediante una entrega controlada. Aunque esta etapa no implica condena ni responsabilidad penal establecida, sí activa un proceso de control judicial sobre la investigación y sobre la solidez de las pruebas presentadas.
A partir de ahora, el tribunal deberá examinar el contenido de la acusación, los elementos probatorios ofrecidos por el órgano acusador y los planteamientos de la defensa para decidir si el expediente avanza a un juicio de fondo. Bajo el Código Procesal Penal establecido por la Ley 97-25, vigente desde diciembre de 2025, la audiencia preliminar funciona precisamente como un filtro institucional: no valida automáticamente la versión oficial, sino que obliga a justificarla ante un juez.
Según la acusación depositada, a Valdez Alcántara se le atribuyen violaciones a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, además de disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En ese contexto, el paso dado por el Ministerio Público no cierra el caso, sino que coloca en primer plano una exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se investigó, qué pruebas existen y si la respuesta institucional está a la altura de un hecho que vuelve a golpear la confianza pública.