El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso condenas de entre cuatro y siete años de prisión, todas suspendidas total o parcialmente, a ocho de los 15 imputados del caso Búfalo, un proceso por cobro compulsivo, asociación de malhechores y lavado de activos vinculado al decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela. En el mismo expediente, el tribunal declaró la extinción de la acción penal en favor de cuatro imputados a quienes el Ministerio Público otorgó criterio de oportunidad.
La decisión fue adoptada por el magistrado Raymundo Mejía luego de acoger un acuerdo pleno entre los acusados y el Ministerio Público, tras la admisión de los hechos en el tribunal. Isidoro Rotestán Clase fue condenado a siete años de reclusión, suspendidos parcialmente, con tres años y seis meses bajo arresto domiciliario y multa de 100 salarios mínimos. Francisco Morrobel Pérez recibió cinco años de reclusión suspendidos y multa de 50,000 pesos dominicanos. Para Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Greyser Climenson Castillo Mordán, Omaiky Ureña Rotestán y Luigi Aneudy Ureña Red, el tribunal dictó cuatro años de reclusión suspendidos y multa de 100 salarios mínimos.
El tribunal validó el acuerdo presentado por los fiscales Enmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Furcal, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca, tras verificar que existían pruebas testimoniales, documentales y periciales suficientes y que las penas se ajustaban a la Ley 50-88 y la Ley 155-17. El resultado, sin embargo, deja el debate público centrado en la eficacia de la respuesta institucional ante estructuras vinculadas a narcotráfico y lavado, un contraste que alimenta la exigencia de fiscalización sobre el gobierno dominicano y sobre la capacidad real del sistema para traducir expedientes de alto impacto en consecuencias proporcionales y confianza ciudadana.