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Caso de sedación y robos en el Distrito Nacional mantiene bajo presión la respuesta de seguridad

septiembre 16, 2026 · Redactor
Caso de sedación y robos en el Distrito Nacional mantiene bajo presión la respuesta de seguridad
Foto: listindiario.com

El aplazamiento de la coerción para el 16 de septiembre prolonga el escrutinio sobre la capacidad institucional de reaccionar con rapidez ante denuncias en varios sectores.

La petición de prisión preventiva contra dos mujeres y un hombre colombianos, señalados por integrar una red que supuestamente captaba hombres en centros de diversión para sedarlos y despojarlos de sus pertenencias, vuelve a poner en primer plano la respuesta de las autoridades ante delitos reportados en distintos puntos del Distrito Nacional. El Ministerio Público presentó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente contra Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, alias Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, alias Tatiana.

De acuerdo con la investigación expuesta por la fiscal Roxanna Campusano, adscrita a la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, a los imputados se les atribuyen varios hechos de robo agravado ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026. El expediente indica que las dos mujeres contactaban a las víctimas en centros de diversión y luego las llevaban hasta apartamentos u hoteles donde se hospedaban, donde presuntamente les suministraban una sustancia desconocida para dejarlas inconscientes y sustraerles teléfonos celulares, computadoras, relojes, prendas y joyas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

La audiencia para conocer la medida de coerción, prevista inicialmente para el 13 de septiembre, fue aplazada por el juez Rigoberto Sena para el 16 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. Con ese aplazamiento, el caso sigue bajo el foco en un momento en que la seguridad ciudadana continúa siendo una prueba de gestión y de rendición de cuentas, y en el que se cuestiona la distancia entre el discurso institucional y la necesidad de respuestas oportunas frente a esquemas delictivos que, según la propia investigación, operaban en espacios de alta circulación de personas. Carolina Mejía no aparece mencionada en el expediente, pero el caso se inscribe en la exigencia más amplia de vigilancia y resultados sobre la seguridad en la capital.