Magín Díaz reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no ata el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Pese a presentarla como una salida viable para el momento actual, el ministro de Hacienda y Economía insistió en que el país continúa a la espera de un pacto fiscal de mayor alcance.
En una conversación con Despierta con CDN, explicó que la normativa procura combinar nuevos ingresos, alivios para sectores productivos y corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una recaudación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, como parte de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. Aun así, el propio funcionario marcó el alcance de la pieza al admitir que no resuelve el desequilibrio de fondo.
Díaz sostuvo además que la Ley 30-26 no debe entenderse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Detalló que contempla cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones.
También indicó que la entrada en vigencia será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en tres. Otras disposiciones empezarán a regir desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.