El Gobierno dominicano presentó un paquete de medidas para enfrentar la crisis internacional asociada al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, sostener la estabilidad macroeconómica y preservar el crecimiento. Sin embargo, el propio diseño del plan deja al descubierto los dilemas que recaen ahora sobre la población: inflación, una posible ralentización económica y el riesgo de un mayor déficit fiscal.
Entre las acciones planteadas está el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo específico, siempre que el barril de petróleo WTI se mantenga entre US$90 y US$100. Al mismo tiempo, el documento propone una compresión de gastos no esenciales con una reorientación estimada entre RD$30,000 y RD$40,000 millones, una señal que pone bajo escrutinio qué partidas serían realmente recortadas y cómo se protegerían las funciones críticas del Estado.
En materia de ingresos, el proyecto procura recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un esquema que, según se plantea, busca preservar la equidad y la estructura productiva básica. Así, el plan abre un frente de fiscalización sobre la capacidad real del Gobierno para equilibrar sostenibilidad fiscal y sensibilidad social, sin que el costo de la crisis termine concentrándose en los ciudadanos.