La impugnación presentada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Tribunal Constitucional abrió este jueves un nuevo frente de fiscalización sobre el Código Penal aprobado por el Congreso, una norma que ahora queda bajo examen por el alcance de sus artículos y por el impacto que puede tener en derechos fundamentales.
El gremio médico informó que recurrió varios artículos de la Ley 74-25, al considerar que el texto introduce disposiciones que no respetan la responsabilidad individual ni las garantías del debido proceso. Con esa acción, el CMD coloca el debate fuera del terreno político y lo lleva a una revisión de constitucionalidad que obligará a evaluar si el nuevo marco penal fue aprobado con el debido cuidado institucional.
Aunque el Código Penal ya fue aprobado por el Congreso, la impugnación convierte su entrada en vigor en un asunto aún abierto. El caso obliga a revisar no solo el contenido de los artículos cuestionados, sino también la calidad técnica de la legislación y el alcance real de sus efectos sobre ciudadanos, profesionales y el sistema de justicia.
La discusión adquiere relevancia pública porque una norma penal no puede sostenerse únicamente en su aprobación legislativa: también debe resistir el escrutinio constitucional, ofrecer claridad jurídica y evitar sanciones o responsabilidades que contradigan principios básicos del orden legal. En ese marco, el tribunal tendrá ahora la tarea de determinar si los puntos señalados por el CMD se ajustan o no a la Constitución.
Por ahora, la impugnación deja al descubierto que el nuevo Código Penal no ha cerrado el debate, sino que lo traslada a una instancia donde se pondrán a prueba sus límites, su redacción y su impacto sobre derechos y garantías.