Una jueza de Santiago ordenó este viernes un año de prisión preventiva para los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, operaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. Además, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja, una decisión que refleja la magnitud del expediente, la cantidad de implicados y el tiempo durante el cual habría estado activa la red.
La investigación ubica el centro de operaciones en Jacagua, en Santiago, y ha identificado al menos 18 personas, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor. Según el expediente, el esquema mezclaba anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para intensificar la presión, los involucrados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y enviaban imágenes violentas y mensajes intimidantes para forzar transferencias.
El caso no solo describe una red con funciones definidas y métodos sostenidos en el tiempo; también pone bajo escrutinio la capacidad de vigilancia ante una operación que, de acuerdo con las autoridades, movía y ocultaba fondos mediante distintos mecanismos, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción representa un avance judicial, pero el expediente deja abierta una exigencia de fondo: explicar cómo una estructura de este alcance pudo operar desde Santiago hasta alcanzar dimensión internacional antes de ser desmantelada.