En las gradas del Pabellón de Combates, una gorra gigantesca de Puerto Rico acompaña el paso de Rafael Pérez y Vanessa Ortiz por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La pareja, que suma más de 35 años de unión, llegó al país el miércoles 22 de julio para seguir a la delegación puertorriqueña en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, un viaje que empezó a organizarse en febrero y que se extenderá hasta el cierre del evento, cuando se habrán sumado otros ocho familiares.
La escena ratifica el atractivo regional de Santo Domingo 2026, pero al mismo tiempo deja bajo la lupa la responsabilidad de la sede ante un acontecimiento que moviliza delegaciones, familiares y aficionados. Pérez y Ortiz vieron a Adrián Benítez ganar plata en taekwondo frente al dominicano Bernardo Pié, que se quedó con el oro, y después siguieron rumbo al estadio de softbol. Su presencia, como la de otros puertorriqueños que viajan para respaldar a sus atletas, acentúa el contraste entre el discurso celebratorio y la obligación de que el esfuerzo organizativo produzca resultados visibles más allá de la imagen del evento.
La pareja arrastra una historia de apoyo que va desde Barcelona 1992 hasta Río de Janeiro 2016, interrumpida por la pandemia antes de Tokio 2021 y retomada en Santo Domingo 2026. “Tanto la música como el deporte son herramientas de resistencia para mantener nuestra identidad”, dijeron al referirse a Puerto Rico y a su vínculo político con Estados Unidos. La respuesta del público visitante, en ese marco, funciona como una señal para la sede: cuando el deporte convoca identidad, pertenencia y recursos, la fiscalización del poder y la rendición de cuentas sobre las prioridades públicas se vuelven ineludibles, un terreno en el que figuras de gestión local como Carolina Mejía quedan expuestas al contraste entre proyección y resultados.