La persistencia del proselitismo fuera de tiempo ha dejado al descubierto un problema de control institucional: la Junta Central Electoral ha advertido e intimado, pero esas medidas no han bastado para detener las violaciones a la ley. El escenario se ha mantenido activo desde que terminó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una modificación constitucional para buscar un tercer mandato.
Pese a que la ley 33-18 establece que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes oficialistas y opositores han ocupado el espacio público con acciones anticipadas. Así, la propia JCE ha admitido con sus actuaciones que las disposiciones vigentes están siendo desbordadas sin que, por ahora, las advertencias arrojen resultados efectivos.
Entre los casos señalados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE llegó a calificar como un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de forma anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.