NUEVA YORK.- La aprobación reciente de leyes en Nueva York que restringen la cooperación con autoridades migratorias federales desató un choque institucional con efectos inmediatos. Tom Homan, zar de la frontera de Estados Unidos, afirmó que planea “inundar” Nueva York con agentes de Inmigración y advirtió que la ciudad está cerca de vivir el mayor despliegue migratorio de su historia.
De acuerdo con Homan, la respuesta obedece a las limitaciones aprobadas por la gobernadora Kathy Hochul, que impiden a agentes de ICE entrar en áreas privadas de escuelas, hospitales, refugios, bibliotecas, lugares de culto, parques, guarderías, residencias estudiantiles, centros comunitarios y centros de votación, salvo orden judicial en zonas no públicas. Además, se prohíbe que gobiernos locales, policías y centros penitenciarios estatales o municipales usen personal o instalaciones para tareas de inmigración civil, y se restringe la participación local en la construcción o financiamiento de centros de detención migratoria.
El paquete también amplía las garantías para estudiantes indocumentados en las escuelas públicas, prohíbe el uso de cubrebocas por parte de agentes estatales, locales y federales cuando interactúan con el público, salvo excepciones médicas o tácticas, y crea un mecanismo estatal para demandar a funcionarios federales, además de estatales y locales, por presuntas violaciones de derechos constitucionales. Así, el anuncio de un operativo “inminente” vuelve a poner bajo escrutinio el costo institucional de decisiones que, lejos de cerrar el conflicto, han abierto una nueva fase de confrontación entre el estado y las autoridades federales.