Santo Domingo. La propuesta de modernización de la ley minera presentada por la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) vuelve a colocar bajo escrutinio las debilidades del marco legal vigente para enfrentar los pasivos ambientales y garantizar el cierre responsable de los proyectos.
Según el planteamiento del sector, la Ley 146-71 no integra de manera orgánica herramientas obligatorias para una minería responsable, como evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, planes de cierre y remediación de minas y mecanismos formales de participación ciudadana. En ese contexto, CAMIPE propone que la nueva normativa incluya garantías financieras para los planes de cierre mediante un mecanismo público de asignación y seguimiento desde el inicio de las operaciones, de modo que las fluctuaciones del mercado o de la empresa extractiva no afecten el acceso a esos fondos.
“Estos recursos no dependerán de la voluntad de las compañías, más bien serán canalizados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento bajo estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información”, planteó Martin Valerio, director ejecutivo de CAMIPE. La propuesta también busca que la remediación quede asegurada antes del inicio de cualquier actividad, en un escenario donde la preocupación ciudadana sobre los pasivos ambientales sigue marcando la discusión sobre la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas en el sector.