El manejo del gasto en salud mental vuelve a colocar bajo escrutinio la distancia entre lo que el Estado promete y lo que realmente garantiza. Aunque la Ley n.º 12-06 establece el derecho a una atención digna y de calidad, el propio diseño presupuestario descrito en el texto impide cumplirlo, dejando a los ciudadanos atrapados entre normas que reconocen derechos y una estructura pública que no les da salida efectiva.
La principal contradicción señalada es que, históricamente, el área apenas recibe alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, pese a que las autoridades anuncian incrementos y a que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. El contraste se agrava porque, según los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda reconocido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El resultado, según la pieza original, es un sistema donde la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero se vuelve un laberinto burocrático, legal y económico para quien necesita ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto plantea una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando el costo de esa incoherencia a los pacientes y sus familias.