El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) salió al paso de una publicación que cuestionó el alquiler de ocho locales y aclaró que no todos funcionan como almacenes, como se había interpretado a partir de los registros citados en el reportaje.
La entidad sostuvo que solo uno de esos espacios opera como almacén, mientras que los demás están destinados a centros de atención primaria y a supervisiones de área. Con esa explicación, el organismo intenta corregir la lectura inicial sobre el uso de los inmuebles, aunque la aclaración no despeja por sí sola las dudas sobre el costo, la necesidad y el control de esos contratos.
El caso pone bajo revisión el manejo de recursos públicos en el sector salud, especialmente cuando se trata de alquileres de locales vinculados a la operación de servicios regionales. En este tipo de anuncios o contrataciones, la transparencia sobre el destino de cada espacio, el monto comprometido y los resultados obtenidos es clave para evaluar si el gasto responde a una necesidad real o a una estructura administrativa que debe ser mejor fiscalizada.
La publicación que motivó la respuesta se sustentó en datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría, según indicó la pieza original. A partir de esos registros, se cuestionó el alcance del alquiler de los ocho locales, lo que llevó al SRS Ozama a ofrecer su versión para precisar el uso de cada uno.
Hasta ahora, la entidad ha dado una aclaración operativa sobre el destino de los inmuebles, pero el interés público del caso sigue estando en la rendición de cuentas: cuánto cuesta mantener esos espacios, bajo qué criterios fueron contratados, qué supervisión existe sobre su uso y qué beneficio concreto reciben los ciudadanos con ese gasto.
En un contexto en el que los recursos del sistema de salud están bajo observación constante, este tipo de explicaciones deben ir acompañadas de documentación verificable y de información suficiente para que la ciudadanía pueda valorar si la contratación de locales responde a eficiencia administrativa o a una expansión poco clara del gasto.