La muerte de una adolescente bajo el sistema de protección del Estado, ocurrida la madrugada del domingo 24 de mayo en un centro residencial, ha intensificado la presión sobre la capacidad de vigilancia y respuesta de CONANI. El caso, que también involucra a otras tres menores, es investigado por el Ministerio Público luego de que la institución confirmara el fallecimiento de la joven, de iniciales N. P. P., quien había ingresado al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo de 2026.
De acuerdo con CONANI, la adolescente recibía atención especializada por condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad. Pese a ello, el desenlace dentro de un espacio bajo custodia estatal abre dudas sobre la eficacia de los controles y del cuidado brindado en instalaciones que acogen a víctimas de abandono, abuso, explotación y situaciones de calle, en un entorno que la propia entidad describe como complejo por los trastornos de comportamiento que afectan la convivencia.
Mientras el Ministerio Público determina las causas y circunstancias de la muerte, CONANI anunció la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y atención en el centro, así como la intervención directa de la residencia para reforzar los protocolos de supervisión y cuidado. Las medidas, adoptadas después del hecho, colocan el foco en las explicaciones pendientes sobre lo ocurrido y en la necesidad de una fiscalización más estricta del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.