La decisión de no ha lugar emitida la noche del viernes por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en favor de Gonzalo Castillo en el caso Calamar volvió a dejar bajo la lupa la capacidad institucional para sostener expedientes de alto impacto. La magistrada estableció que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para enviarlo a juicio de fondo, en un proceso visto como uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor relevancia de los últimos años en República Dominicana.
Luego del fallo, el exministro de Obras Públicas aprovechó el escenario para insistir en su proyecto político con miras a 2028. Antes de ingresar a la sala y al salir del tribunal mantuvo el mismo mensaje, primero en redes sociales y después ante la prensa. “En unos días voy a dar una declaración a todo el país, pero hoy quiero dar gracias a Dios primero”, expresó.
Después añadió: “Cuando entré aquí hoy, no importaba la decisión que se tomara. Yo voy por to’ y seré el nuevo presidente en 2028 para que en todos los hogares haya más comida y el pueblo dominicano tenga mayor bienestar”. La secuencia puso en primer plano no solo el giro político del fallo, sino también la exigencia de vigilancia pública sobre casos que han sido presentados como emblemas de combate a la corrupción.