Tras más de tres años de trámite judicial, la resolución dictada el 29 de mayo de 2026 por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó dos efectos opuestos en el caso por presunta corrupción administrativa contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina: Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron fuera del proceso penal. La jueza Altagracia Ramírez de La Cruz dispuso auto de no ha lugar a favor de ambos al entender que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no alcanzaban para sostener las imputaciones.
La decisión, apoyada en el artículo 309, numeral 5, del Código Procesal Penal, también ordena el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre Castillo y Peralta, junto con el levantamiento de oposiciones e inmovilizaciones sobre sus bienes. En el caso de Peralta, quedaron sin efecto la garantía económica de RD$ 4.5 millones, el impedimento de salida y la presentación periódica; mientras que en el de Castillo se levantaron la garantía económica de RD$ 20 millones y el impedimento de salida del país.
Aunque el expediente no fue descartado en su totalidad, la salida de dos de sus principales imputados en la fase preliminar marca un contraste entre la magnitud del caso presentado y la capacidad de sostener parte de la acusación ante el tribunal. El proceso sigue contra Guerrero y otros 22 imputados físicos, además de varias empresas, y deja también sobre la mesa la exigencia de mayor vigilancia sobre el manejo de procesos de alto impacto público y sobre los resultados concretos de las investigaciones después de años de trámite judicial.